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«Ley Antonia»: Cámara y Senado agilizarán la iniciativa que protege a víctimas de delitos sexuales

Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Raúl Soto y Álvaro Elizalde respectivamente, comprometieron su apoyo para agilizar la tramitación de la «Ley Antonia», impulsada por la familia de Antonia Barra, quien se suicidó en octubre de 2019 tras haber sido violada por Martín Pradenas, quien fue declarado culpable por este y otros seis delitos de abuso sexual y violación, arriesgando 41 años de cárcel.
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Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Raúl Soto y Álvaro Elizalde respectivamente, comprometieron su apoyo para agilizar la tramitación de la «Ley Antonia», impulsada por la familia de Antonia Barra, quien se suicidó en octubre de 2019 tras haber sido violada por Martín Pradenas, quien fue declarado culpable por este y otros seis delitos de abuso sexual y violación, arriesgando 41 años de cárcel.

En concreto, quienes participaron del encuentro fueron el padre de Antonia, Alejando Barra, abogados de la familia, la diputada Mercedes Bulnes, el exconvencional Roberto Celedón y el exfiscal Carlos Gajardo.

Según consigna La Tercera, el pasado 8 de marzo el Senado respaldó el texto que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización. El proyecto pasó entonces a ser analizado por la Cámara de Diputadas y Diputados, en tercer trámite constitucional. En abril la Cámara respaldó en parte las modificaciones del Senado, pero rechazó otras, que se deben resolverse en una comisión mixta.

El texto incluye una serie de modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal y a otras leyes, para un trato digno y resguardando la vida, la integridad física, y la indemnidad sexual de las víctimas. Durante la tramitación en el Senado se incluyó el aumento de penas si existe la inducción al suicidio.

Entre otras materias, el proyecto consagra un Estatuto de Garantías a favor de las víctimas de delitos sexuales en los procedimientos penales que involucra cambios en el Código Procesal Penal. Así, por ejemplo, se establece la no revictimización y la protección de los datos personales. Pero, además, el enfoque intersectorial y perspectiva de género, acceso y asistencia, junto con evitar cuestionamientos por la conducta anterior o vida privada de la víctima.

Asimismo, los jueces deberán impedir preguntas que «humillen, causen sufrimiento o lesionen la dignidad de la víctima». Adicionalmente, se incorporan medidas de prisión preventiva en estupro, abuso sexual calificado, abuso sexual y trata de personas.

En el análisis en particular en la Comisión Especial de la Mujer e Igualdad de Género de la Cámara Alta, la iniciativa recibió una serie de indicaciones con el fin de perfeccionar y armonizar el texto legal.

Durante su tramitación se escucharon a diversos actores relacionados y se contó con la permanente participación del Ministerio de la Mujer y de la Fiscalía Nacional.

Entre los acuerdos alcanzados están una serie de derechos de las víctimas que incluyen el evitar la revictimización con la capacitación de personal con perspectiva de género. También se incorpora la anticipación de la prueba, con el fin de evitar la victimización secundaria.

En esta línea, se aprobó un nuevo inciso sobre una serie de derechos de las víctimas que buscan «robustecer» varias medidas y que acoge lo propuesto «por una vida libre de violencia», entre otros, no revictimización, protección de datos personales, enfoque intersectorial y perspectiva de género, acceso y asistencia, además de evitar cualquier cuestionamiento por la conducta anterior o vida privada de la víctima.

Asimismo, los jueces deberán impedir preguntas que «humillen, causen sufrimiento, o lesionen la dignidad de la víctima».

Otro de los puntos destacados fue el aumento la pena por «inducción» al suicidio de la víctima de delitos sexuales con resultado de muerte (Código Penal). Esto es, penas de cárcel que van de 3 años y 1 día a 5 años y de 5 años y 1 día a 10 años (presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo).

La Cámara de Diputados aprobó la mayor parte de las modificaciones propuestas, sin embargo, rechazó todo lo concerniente a la inducción al suicidio o suicidio femicida de víctimas de delitos sexuales. Ello, por estimar que esta figura debe regularse mejor.

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